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La reciente entrada en vigor de la Ley Antitabaco ha enfadado mucho a algunos fumadores pero, en general, la puesta en marcha de cualquier normativa, por muy necesaria que ésta sea, siempre incomoda mucho a quienes piensan que el Estado tiene que limitarse a asistir y no a prohibir y que los ciudadanos siempre tienen derechos, pero nunca obligaciones.

Pues bien, uno de los argumentos más empleados por los fanáticos del humo es el que señala que más allá de que el fumar sea bueno o malo, lo que no se puede permitir -dicen- es que el Estado, a través del Gobierno de turno, dicte algunas normas que deban cumplirse en espacios privados como pueden ser oficinas, fábricas, lugares de ocio etc. Como decía en televisión una señora muy indignada: “Cada uno en su casa hace lo que le da la gana”.

Lamentablemente, no es así, señora. A todas estas personas hay que recordarles que, efectivamente, el Estado tiene potestad, y está muy bien que así sea, para que determinadas cuestiones, que atañen a los derechos fundamentales de las personas, deban ser cumplidas siempre, independientemente del espacio y del tiempo de su aplicación. Por ejemplo, y por mucho que se trate de espacios privados, nadie puede asesinar a otra persona en su casa, ningún ciudadano puede vejar a otro en su lugar de trabajo y nadie puede causar ningún daño a otro ser humano, por mucho que la acción punitiva transcurra, por ejemplo, en un club privado.

La garantía y la protección que ofrece un Estados democrático a los derechos humanos básicos de todos los ciudadanos es universal, a pesar de lo que digan quienes tanto disfrutan y tan seguros se sienten echando el humo de sus cigarros al rostro de los demás, prohibiendo la entrada de las mujeres a sus asociaciones de ocio o discriminando a las personas por su raza o por el color de su piel. El derecho a la salud, así como el derecho a no ser discriminado por razones de raza o sexo, son derechos elementales. También en los hogares, en los lugares de divertimento y en los ámbitos de trabajo de todos y de cada uno de nosotros. Por muy privados y particulares que éstos sean.

José Luis Rodríguez Zapatero, el único presidente de Gobierno que España puede tener en estos tiempos de pensamiento débil y en esta época de liquidación de los referentes, ha declarado que una cosa es la ilegalización de una organización por haber llevado a cabo actividades terroristas y que otra cosa muy diferente es la necesidad de garantizar el derecho de reunión de las personas que forman parte de esa asociación. Esta afirmación del Presidente, que no tenía otro objetivo que apoyar indirectamente la posibilidad de que la ilegalizada Batasuna celebrara públicamente su próximo Congreso Extraordinario en la Feria de Muestras de Bilbao, revela claramente cuál es la concepción presidencial de la legalidad vigente y, sobre todo, deja al descubierto la intensa confusión ideológica que existe en la izquierda europea a las puertas del Siglo XXI.

A estas alturas de la historia resulta intensamente agotador tener que repetir que Batasuna está ilegalizada por una sentencia que señala que la coalición forma parte de la organización terrorista ETA. Pero, además, cualquier persona que viva en el País Vasco sabe perfectamente que Batasuna, acompañada de otras estructuras afines (Jarrai, Haika, Gestoras Proamnistía, etc), se ha encargado durante décadas de la realización de innumerables acciones de terrorismo callejero (‘kale borroka’), se ha responsabilizado de liderar la persecución de los demócratas vascos no nacionalistas, ha estigmatizado a las víctimas y aclamado a los verdugos, ha luchado con todos sus recursos para impedir la consolidación del Estado democrático en Euskadi y, sobre todo, ha avalado todos y cada uno del casi millar de asesinatos que la banda terrorista ETA ha cometido a lo largo de los últimos treinta años.

Ciertamente, la ilegalización judicial de Batasuna, acompañada de la paralización de sus actividades impulsada por el Pacto Antiterrorista que en su día puso en marcha el expresidente José María Aznar y que ahora ha quebrado el actual presidente José Rodríguez Zapatero, es una de las razones fundamentales por la que los criminales llevan más de dos años sin cometer un atentado mortal. Y esto es lo que debe hacernos entender que contra la banda terrorista ETA en particular, y frente a cualquier organización terrorista en general, hay que emplear sin miedo y sin complejos todos los recursos policiales, jurídicos y legislativos de los que dispone un Estado democrático. Zapatero, como el Lehendakari nacionalista Juan José Ibarretxe o el President catalanista Pasqual Maragall, está convencido de que la verdad se encuentra en la mitad del camino entre las víctimas y los verdugos, y, bajo este principio atroz, no duda en dar voz, en repartir privilegios y en alentar la participación pública de quienes tanto sufrimiento y tanto dolor han infligido a la sociedad vasca y española. El talante político-ideológico fláccido, fútil e insustancial de estos caballeros, siempre más apropiado para beneficiarse de las oportunidades que ofrece un sistema democrático que para defender éste de los ataques a los que se le somete desde múltiples vértices del presente, apela al espíritu ‘buenista’, tan extendido en nuestros días, para defender el derecho a la libertad de expresión y de reunión de Batasuna y sus secuaces. Pero, podemos preguntarnos, ¿defendería también José Luis Rodríguez Zapatero que un hipotético Partido Nazi, promotor, vocero y cómplice de un sinfín de hipotéticos crímenes, celebrara un Congreso Extraordinario en un acto público?.

Pues bien, respondida la pregunta todos haríamos bien en no olvidar que Batasuna y ETA forman parte de un entramado terrorista, hoy también ilegalizado, conocido como KAS (Koordinadora Abertzale-Sozialista – Coordinadora Nacional-Socialista -, en su traducción al castellano). Casualmente, el partido nazi alemán que llevó a Adolf Hitler al poder también se llamaba Partido nacionalsocialista alemán.